Dr. Víctor Hugo Pachas

Research Manager – Earth First

victorhugo@earthfirst.pe

16 febrero, 2025

Desde el 7 de diciembre de 2022, por sucesión constitucional, Dina Boluarte asumió la presidencia de la Republica del Perú. Desde sus inicios tuvo serias críticas por las estrategias de gobierno utilizadas, convirtiéndose al cierre del 2024, en la presidenta de Latinoamérica con menos popularidad, según el Ranking presidentes de Sudamérica – diciembre 2024, elaborado por CB consultora Opinión Pública. Según Portal de Noticias del Gobierno peruano (31 de enero, 2025), durante el año 2024, el gobierno de Boluarte logró vencer la recesión e inflación, pese a la alta inseguridad que vive el país. Varios periodistas y analistas políticos coinciden en señalar que, otros aspectos marcaron la agenda prioritaria del gobierno: i) consolidación del Puerto de Chancay; ii) liderazgo del APEC 2024; iii) aprobación del Presupuesto Público del año fiscal 2025 por parte del Congreso de la República; iv) inicios de la campaña electoral presidencial para el 2026.

Al cierre del año 2024, la MAPE y su ilegalidad no formaron parte de la agenda del gobierno. Sin embargo, desde el mes de noviembre, se evidenciaron hechos que pusieron la temática en discusión: i) protestas, a nivel nacional, por la ampliación del REINFO;  ii) Congreso de la Republica rechazó el proyecto de Ley MAPE presentado por el MINEM; iii) 26 de noviembre, el Congreso de la República censuró al entonces Ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho; iv) 29 de noviembre, la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República aprobó ampliar el plazo del REINFO hasta el 30 de junio de 2025, con la posibilidad de ampliarse por seis meses; v) 19 de enero de 2025, se oficializo el cambio de Director de la DGFM.

¿Por qué se evidenció políticamente los reclamos de los mineros MAPE?, acaso ¿la MAPE tiene influencia en el poder ejecutivo y legislativo para determinar la agenda pública? En realidad, siguiendo la hipótesis del periodista Enrique Castillo, la MAPE y su ilegalidad son un tema minúsculo para el gobierno peruano, el poder ejecutivo tiene una posición pasiva frente al Congreso de la República porque no quiere ser cesado y evita cualquier enfrentamiento, además existe un contexto de precampaña de elecciones presidenciales. En esta crisis institucional, los mineros logran obtener medidas que favorecen la continuidad del REINFO, para mantenerse en la informalidad. Es casi imposible que, los mineros MAPE que no se encuentran organizados en un solo gremio, puedan tener tanta influencia política. Al poder ejecutivo, legislativo y a los mineros les conviene dicha situación, pues dejarían que el próximo gobierno intente abordar el problema.

Esta ecuación política no es nueva, es más bien reiterativa y basta observar cómo en los últimos 7 periodos de campañas electorales presidenciales y de gobiernos (1995 y 2021), se usaron diferentes narrativas donde los mineros asumen roles de villanos, victimas y héroes. Los mineros formales, informales e ilegales (indígenas o no) han visto reflejados sus intereses en movimientos y partidos políticos que construyeron narrativas sobre el futuro de la formalización minera. Sólo como ejemplos, el gobierno de Alejandro Toledo (2001 – 2006) más conciliador con promover dispositivos legales para reconocer un rol en los mineros MAPE; y el gobierno de Ollanta Humala (2011 – 2016) donde se dieron los dispositivos legales más complejos para estigmatizar la MAPE como ilegal y parte del crimen organizado, iniciándose las acciones de interdicción.

Estas narrativas son diversas y complejas, pero reflejan síntomas de poder y política que tienen estos actores sobre su economía. Síntomas que no logran concretar ejercicios de poder y política definida, principalmente porque no existe una gobernanza MAPE nacional. En el Perú no se ha logrado consolidar esta gobernanza porque no se cuenta con una organización nacional que represente a los mineros, y los liderazgos se pierden y diseminan en cuestiones coyunturales propios de las narrativas de los movimientos y partidos políticos.

Recientemente, 7 de febrero de 2025, en declaraciones del Director de la Dirección General de Formalización Minera para MINEMTV, señala que vienen trabajando en una nueva Ley MAPE, donde el aspecto más resaltante es la creación de un Fondo Minero, para facilitar asistencia técnica a los mineros. Aún no se podría analizar con detenimiento este Fondo Minero poque dicha propuesta está en diseño. Sin embargo, parecen ser acciones políticas para no abordar el problema central que limita la formalización: los contratos de explotación.

Recomendaciones:

1. El MINEM debería desarrollar una Ley MAPE que incorpore una PROPUESTA DE SOLUCIÓN NO RETORICA para que se generen contratos de explotación.
2. El MINEM debería abordar la minería ilegal como parte del sector minero y no reducirlo a un carácter punitivo por parte del Ministerio del Interior.
3. A las asociaciones y gremios de mineros deberían definir una agenda, que no sólo incluya a los mineros informales que se ubican en REINFO, sino a los mineros formales. Las lecciones aprendidas pueden ser de mucha utilidad en perspectiva.
4. A la sociedad civil organizada e involucrada en la MAPE, este periodo de 2025 – 2026, es una buena oportunidad para no dejar pasar las promesas de los candidatos presidenciales y darle seguimiento a que se logren concretar un Acuerdo Nacional sobre la MAPE.

EARTH FIRST es una empresa que brinda servicios especializados en el sector extractivo, particularmente donde se involucran actividades de pequeña minería. Entre varios tipos de clientes, priorizamos que nuestros servicios estén dirigidos a poblaciones mineras, indígenas y campesinas de los Andes y la Amazonía de Sudamérica. Nuestros programas están dedicados a la investigación, educación y desarrollo empresarial con enfoques de diálogo, innovación productiva minera y planes de negocios y de inversión.